La norma obliga a divulgar las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista en relación a cuestiones como la edad, el sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesional a partir del 1 de Enero del 2018.
El Real Decreto-Ley 18/2017 de 24 de Noviembre habla de elaborar un “Estado de Información no Financiera” que podrá ser recogido en el informe de gestión a presentar con las cuentas anuales. Allí se recogen informaciones sobre cuestiones ambientales, sociales, relativas al personal, a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno.
Las pequeñas y medianas empresas están eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera.
Las sociedades que están obligadas a presentar esta información son las de capital (SA, SL y comanditarias por acciones) que de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas tengan la consideración de entidades de interés público, el número medio de trabajadores sea superior a 500, con una cifra de negocio superior a 40 millones de euros y con un activo total de 20 millones de euros.