El cierre del ejercicio social 2023, para la amplia mayoría de las compañías de nuestro país, puede suponer pérdidas del ejercicio que pongan a la sociedad en una eventual situación de causa de disolución: art. 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Esto ocurre cuando las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a la mitad de la cifra del capital social. Los administradores deben pensar en los mecanismos a su alcance para revertir esta situación.
Los administradores tienen un máximo de 5 meses para revertir la situación, 3 meses para formular las Cuentas Anuales y 2 meses para convocar una Junta General que delibere sobre la disolución de la compañía, salvo que se haya solicitado la declaración de concurso de acreedores, o se haya revertido la situación de causa de disolución con alguna de estas opciones:
1. Aumento de capital social
2. Reducción de capital social por compensación de pérdidas
3. Las aportaciones de socios al patrimonio neto
4. Los préstamos participativos
Si finalizado este plazo, sin que el órgano de administración haya llevado a cabo alguna de estas opciones, todos los administradores responderán solidariamente por las deudas contraídas con posterioridad al evento del desequilibrio patrimonial.