Se prórroga, hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. La finalidad es que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y al mismo tiempo dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial mientras se tramita la modernización del régimen concursal español.
La prórroga de esta moratoria concursal entraña dos riesgos. Por un lado, aumenta la probabilidad de que exista un colapso judicial cuando se restablezca la obligación de presentar concursos. Y, por otro, dado que las empresas no tienen obligación de declararse en concurso, no están tomando medidas suficientes para garantizar su supervivencia.
La moratoria concursal, si se prolonga en el tiempo, puede contribuir a una mayor tasa de supervivencia de empresas inviables, que en ausencia de ciertas medidas de sostenimiento financiero (refinanciaciones bancarias o nuevos créditos de sus contrapartes contractuales), desaparecerían en un breve plazo.
Una vez que expire la moratoria, en junio de 2022, se puede esperar un repunte significativo del número de solicitudes de concurso.