La condición de gran tenedor en Cataluña implica obligaciones y consecuencias fiscales y legales significativas, especialmente en materia de vivienda y protección de inquilinos. Los grandes tenedores deben ofrecer alquiler social antes de desahucios, notificar a la administración y asegurar la función social de sus propiedades.
Los grandes tenedores están sujetos al Impuesto sobre Viviendas Vacías, a posibles sanciones por incumplimiento y al derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración en la transmisión de viviendas, especialmente en áreas de mercado residencial tensionado.
Asimismo, en zonas tensionadas deben inscribirse en el Registro para que la Generalitat controle la situación de la vivienda. En estas zonas, los alquileres no pueden superar los precios de referencia del Ministerio o el IPC, limitando subidas de renta. La Administración tiene prioridad para comprar inmuebles, ejerciendo derechos de tanteo y retracto sobre viviendas de grandes tenedores.
Para estos propietarios, fiscalmente, la compra de viviendas de segunda mano está grabada con un ITP del 20% duplicando el tipo general aplicable a otros compradores, incluida la adquisición de un edificio completo.